En Yachay no sabían que primero se hacen alcantarillas y luego calles

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Pocas cosas más peligrosas para el correcto manejo de los dineros públicos de un país que un burócrata que trabaja para un gobierno que no rinde cuentas a nadie porque ha concentrado todos lo poderes, que tiene inmensos recursos financieros y que está convencido de que sus decisiones son las mejores para la gente. Si a eso se agrega que a ese burócrata no le duele gastar el dinero ajeno, entonces el peligro para el país es aterrador.  

Esta es la conclusión a la que perfectamente se puede llegar luego de leer las 100 páginas del más reciente informe que ha hecho la Contraloría a la Empresa Pública Yachay. Ese informe únicamente examina las operaciones administrativas y financieras por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de agosto de 2017. No incluye gastos importantes como los relacionados con las compras y expropiaciones de las tierras donde se hizo Yachay, las compras de bienes y servicios, la contración de obras, la ejecución de los contratos de obras civiles, los ingresos generados… y la utlización de las inversiones.

En este informe, aparecido el viernes antes del feriado de carnaval, se establecen al menos 12 temas en los que Héctor Rodríguez, gerente de Yachay EP durante el gobierno de Rafael Correa,  fue aparentemente el responsable de derroche y mal uso de fondos públicos, así como de posibles actos de corrupción. Por tratarse de un informe especial, el afectado aún tiene la posibilidad de demostrar que lo que ahí se dice no es verdad.

Las observaciones del equipo de Contraloría van desde pagos para obras que nunca se hicieron en la construcción de la Ciudad del Conocimiento Yachay hasta cuantiosas multas a contratistas incumplidos que nunca se cobraron. En general, las observaciones apuntan a un desenfrenado e inútil gasto que terminó en una obra que, como se ha visto, no sirve prácticamente para nada y que no justifica en absoluto la multimillonaria inversión de 430 millones de dólares hecha por el gobierno de Correa.

Sin duda uno de los hechos más emblemáticos de este zafarrancho de gasto con dineros públicos observado por el equipo auditor de la Contraloría es el de las calles de un sector de la Ciudad del Conocimiento. Calles que no existen porque, a pesar de que se hizo un adelanto de 10′ 518 546 a otra empresa pública, no se construyeron porque no se habían contratado antes las obras de agua potable, alcantarillado y soterramiento de cables.

Según el informe “el Gerente General de la Empresa Pública Yachay suscribió el contrato para la construcción de las vías internas de la Ciudad del Conocimiento-Primera Fase sin considerar que los planos del diseño de las vías internas, sean los definitivos y que se realicen diseños geométricos viales de acuerdo a las necesidades del avance de la obra, sin contar previamente con la construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitaria y pluvial; y, soterramiento de cables y una vez que se encontró suscrito el contrato no tomó las acciones correctivas para liquidarlo o finalizarlo, debido a la falta del avance de la obra según lo programado, ocasionando que la Ciudad del Conocimiento no cuente con vías de acceso peatonal y automovilísticas”.

Es decir, la Contraloría sostiene que Rodríguez, luego de contratar la construcción de las calles, no suspendió ese contrato hasta que se hayan concluido los trabajos de alcantarillado y agua potable. Para esa primera fase de calles se destinaron más de 26 millones de dólares de los cuales se hizo un adelanto de algo más de 1o millones que no sirvió para nada. Entre las cosas insólitas que señala el informe está que las obras de alcantarillado y agua potable arrancaron seis meses más tarde de adjudicado el contrato para las calles que se le dio a otra empresa pública: la Empresa de Vialidad Imbavial EP.

“El Gerente General -dice la Contraloría- en su calidad de representante legal, judicial y extrajudicial de la empresa, no tomó las acciones y decisiones correspondientes para finiquitar y liquidar los contratos suscritos respecto a la falta de ejecución de la obra conforme a lo planificado, a fin de recuperar el anticipo no devengado una vez transcurridos 824 días de suspensión de la obra, ocasionando que el valor de 10 518 546,95 USD entregado al Contratista, no sean utilizado en los proyectos y programas de la Empresa Pública”.

Pero esa no es la única forma incomprensible con la que se manejaron los dineros públicos durante la construcción de la Ciudad de Conocimiento. El informe señala, entre otras cosas, que la gerencia de Yachay, a pesar de se habían terminado ciertas obras de infraestructura en Urcuquí, Imbabura, siguió pagando enormes cifras para arrendamiento de bodegas en la ciudad de Quito. Desde enero del 2017 se ha pagado 128 388 dólares en alquiler de bodegas que ya no eran necesarias. ¿Solo derroche y mala administración o una irregular forma de beneficiar a terceros? Por el momento, la Contraloría no lo ha determinado.

Se halló que la gerencia de Yachay firmó convenio de pagos, que son algo así como deudas que se contraen a cambio de ciertas obras, por 5’101 055 dólares que no se justificaban y que no estuvieron respaldados en licitacione públicas ni en los procesos que exige la ley.  Uno de ellos, por 2′ 430 637 dólares, para la construcción y fiscalización de los laboratorios para las aulas del llamado Ingenio San José, que es parte de Yachay. En ese caso, dice el informe, no hubo contratación pública ni certificación de fondos para adquirir las obligaciones por lo que nunca se supo si la obra se justificaba o si su costo era el más conveniente para el Estado.

Otro de los convenios de pago observados por la Contraloría en Yachay es el que se suscribió con la empresa MayoPublicidad para extender por un día más la Primera Feria de Ciencia en la que se promocionó a Yachay. En esa feria, llamada Innopolis, se quizo posicionar a Yachay como la obra emblemática de un gobierno que trató de proyectar una imagen tecnocrática y desarrollista de sí mismo. Su costo fue exorbitante y absurdo ya que pagaron 1’900 000 dólares por dos días. El día adicional de feria costó al contribuyente 623 806 dólares. “El Gerente General conoció y autorizó el inicio de dos obras de construcción, sus correspondientes fiscalizaciones y la ampliación de un día adicional de un evento efectuado por la institución sin contar con los requisitos legales como: certificación presupuestaria y la suscripción de un contrato, previos a la adquisición de compromisos con terceros; lo que dio lugar a sus suscriban 5 convenios de pago por 5 101 055 ocasionando que la entidad asuma obligaciones de pago con personas naturales y jurídicas sin formalizarse a través de procesos de contratación, que permitan la mayor participación de proveedores, que asegure una selección sustentada en los principios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”, anota el informe de la Contraloría.

El equipo auditor también observó relevó que se nombró a 22 personas como funcionarios sin que tengan la documentación suficiente ni la preparación que la ley exigía. En otros seis casos de contratación de personas se observó que no había siquiera la necesidad de hacerlo. Asimismo  el informe detectó que no se cobró una multa de 280 229 dólares por incumplimiento de un contratista y que no se verificó la calidad del hormigón utilizado en las obras civiles. Se detectaron pagos en exceso como uno en la construcción del “Clúster de Ciencias de la Tierra”, donde se pagó 1’676 247 dólares en demasía, sostiene el equipo de la Contraloría.

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El documento de la Contraloría es uno de los 14 informes especiales que el contralor Pablo Celi ha anunciado que se hará en torno de Yachay. Se calcula que en Yachay se gastaron algo más de 430 millones de dólares de los mil millones que, se suponía, iba a costar el proyecto en su totalidad. El desplome del precio del petróleo y la consecuente estrechez de recursos fiscales hizo que Yachay sea insostenible aunque el gobierno de Lenín Moreno insiste en que se debe mantener.

Antes de que el gobierno de Correa concluya se hicieron denuncias sobre la forma en que se derrochó el dinero en esa obra a la se la quiso convertir en todo un símbolo de la llamada revolución ciudadana. El tiempo dio la razón a quienes vieron en ella un intento de consolidar el relato tecnocrático y desarrollista que quiso imponer el gobierno de Rafael Correa.  Ahora se constata que a los burócratas encargados de esa obra les daba lo mismo contratar antes o después las obras de alcantarillado que las de construcción de las calles.

En la foto de Yachay EP se ve a Héctor Rodríguez durante un recorrido de obras en el 2014

 

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