Tatay significa ¡qué asco! Días atrás, Lourdes Tibán presentó su libro Tatay Correa, para que se mantenga en la memoria de los ecuatorianos los ilícitos, abusos y atropellos del correato. Este libro es indispensable leerlo.
Lourdes pide que le aporten información, a la dirección lourdestiban@hotmail.com. Colaboren con la memoria histórica que el Ecuador requiere.
El caso de la universidad ecuatoriana
Conductas y resultados miserables fueron –y son– las secuelas de la introducción de las pezuñas del correato en la universidad ecuatoriana.
La patología de Rafael Correa para que todo esté a su servicio se trasladó a las universidades públicas, desmantelando la coparticipación de la comunidad universitaria que, por décadas, había sido de avanzada en el Ecuador y que era el sustento principal del respeto que había alcanzado.
Con excepción de las instituciones públicas de educación superior que no se dejaron contaminar por el correato, que sí son algunas, en otras, por diferentes vías, se produjo la contaminación.
El instrumento principal de afectación fue la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), promulgada el 12 de octubre del 2010, que afectó gravemente al cogobierno de los estamentos de la comunidad universitaria, los docentes, los estudiantes y los servidores no docentes, forjado desde 1918, luego con la ley de 1925, tiempo después del Manifiesto de Córdoba del 21 de junio de 1918, el instrumento político y ético que marca el inicio de la Reforma Universitaria en nuestra región.
Los mini-Correas
La ley del correato se orientó a rectores con acumulación de poder, una especie de mini-Correas, además –en los hechos– sumisos, salvo las excepciones, en los que la dignidad prevaleció en las autoridades universitarias.
El Órgano Colegiado Superior –el histórico Consejo Universitario– no está integrado por todos los decanos, sino por algunos, quienes además no han sido designados por los estamentos de cada facultad, sino a voluntad del rector, con otros miembros docentes y estudiantes, así como uno por los servidores no docentes y otro por los graduados, sin convocatoria universal para estos.
En la Ley del 2010 se establecieron las pomposamente llamadas universidades emblemáticas, sin cogobierno alguno, UArtes-Universidad de las Artes, Ikiam, Regional Amazónica, Yachay-Ciudad del Conocimiento y la UNAE-Universidad Nacional de Educación, con muchos recursos –que a las otras no se les provee–.
Solo faltó que a las universidades históricas se las llame “especies en extinción”, en la petulancia de Correa de ahogarlas.
La U. de Guayaquil
En la sabatina del 14 de abril del 2012, Correa le pidió a la Universidad de Guayaquil que le entregue el Hospital Universitario, construido y equipado con recursos de la empresa privada de Guayaquil, mediante el impuesto del dos por mil sobre su capital y fondo de reserva que al 2018 se sigue pagando. En marzo del 2013, ante los retardos en las construcciones de hospitales del Ministerio de Salud, amenazó expropiarlo y, en abril del 2013, arrinconó a las autoridades universitarias de entonces, se llevó el hospital universitario y la liquidez para su desarrollo, como sigue haciéndolo el Estado sobre la recaudación anual del impuesto citado, más de USD 40 millones de liquidez. Realmente un despojo.
Entre el 23 de octubre del 2013 y el 7 de noviembre del 2016, la Universidad fue intervenida por el Consejo de Educación Superior (CES). Sería importantísimo una información auditada sobre el porqué de la intervención, de lo que significó esta y de la etapa posintervención.
El agravamiento de la U. de Guayaquil
La falta de atención oportuna a reclamos de docentes y estudiantes de la U. de G., a las autoridades del Consejo de Educación Superior (CES) y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ha agravado la situación en esta. Las autoridades parecen haber olvidado que la oportunidad para actuar es condición esencial de la eficiencia.
Las denuncias se refieren a temas administrativos, a inversiones y contratos en condiciones lesivas, a concursos docentes, en que no se respetaron prelaciones y a titulaciones como profesionales a personas que no habían cumplido los requisitos legales y académicos. También son referentes a la multiplicación de expedientes para sanciones de docentes, estudiantes y servidores, que los identifican como de “(in) debido proceso”. No asumo la verdad de las denuncias, pero las autoridades no las han investigado, para desecharlas, o verificarlas.
La Contraloría se ha pronunciado y ha predeterminado responsabilidades civiles, administrativas –que llegarían hasta destituciones– e indicios de responsabilidad penal. Los indiciados tienen treinta días para su defensa.
Las elecciones espúreas
Cuando es público y notorio que la Asamblea Nacional ha reformado la Ley Orgánica de Educación Superior introduciendo la mejora de la cuota de cogobierno –en los casos de estudiantes que eran del 10% al 25% de los docentes, la elevan hasta el 35% de los docentes; y, se elimina la improcedente representación de graduados– se convoca para los días 26 y 27 de junio del 2018 a elecciones de cogobierno con la ley del correato, a pretexto que aún no se promulga la ley reformatoria, en perjuicio de los representados.
En el segmento de la representación de docentes votarán profesores contratados, que no han intervenido en concurso docente alguno.
De no haber transparencias y rectificaciones, ¿serían legítimas las elecciones?
¿Qué hacer?
Que las autoridades hagan lo que les corresponde. Que se garantice el derecho de defensa de los indiciados.
Y, sobre todo, que los docentes, los estudiantes y los servidores no docentes tengan claro que la dignidad de la Universidad debe estar por encima de los acomodos y los miedos. (O)
«Conductas y resultados miserables fueron –y son– las secuelas de la introducción de las pezuñas del correato en la universidad ecuatoriana.»
Universidad y Sociedad: Foro Ecuador 