Cristina Vega e Ivette Vallejo* 28 de marzo 2015
En el último mes se ha acrecentado la incertidumbre respecto del futuro de la universidad de postgrado en Ecuador. El presidente, a través de diversas declaraciones, ha puesto en duda la continuidad de los fondos públicos para dos universidades, la Universidad Andina Simón Bolívar y la FLACSO, y la modalidad bajo la que se van a conceder las becas. A esto se suma que ya de facto estas universidades no han recibido los correspondientes fondos del Estado desde hace varios meses y están funcionando con sus propias reservas en un clima de incertidumbre. Esto hace dudar del futuro del postgrado público y pone en suspenso lo que hasta el momento ha sido uno de los pilares de las reformas educativas universitarias en el país.
Estas reformas, que se plasmaron en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) de 2010, se presentaron en el marco de lo que entonces se llamó economía del conocimiento, que llevaría adelante el cambio de matriz productiva en el país. Educación de y para el sur, conocimiento de y para el sur y, por lo tanto, inserción cognitiva en la economía global y mayor competitividad en terrenos donde el Ecuador hasta el momento había sido deficitario y donde se produce valor agregado. Así, al menos en el plano de la representación, educación superior y especialización productiva iban de la mano en una alianza virtuosa a mediano plazo, desgranada en distintos textos y pronunciamientos por René Ramírez.[1]