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Manifiesto Políticas

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (2017-2022)

Documento de propuestas elaborado por los Grupos de Trabajo

Universidad y Sociedad – Quito, Guayaquil y Cuenca

4 de julio de 2017

ANTECEDENTES
Entre los años 2007 y 2017, en el sistema universitario nacional pasamos de una estructura sin prácticamente ninguna presencia gubernamental, a una que es casi enteramente dominada por la función ejecutiva. La amplia ambición del programa de reformas emprendidas por el gobierno era congruente con la poderosa necesidad de cambios profundos en la operación del sistema de educación superior del país. Se indujeron importantes cambios en, cuando menos, seis grandes campos de funcionamiento del sistema de la educación superior: en los modelos de gobierno del sistema, en los mecanismos de evaluación, en la articulación de los diferentes niveles educativos, en los mecanismos de financiación y administración del personal académico, en los incentivos para la investigación científica y en los procedimientos de admisión de estudiantes. Estos cambios no están aislados de ciertas tendencias internacionales, donde crecen los problemas ligados a la expansión del sistema de educación superior, donde prevalece el esfuerzo de estandarización y mercantilización educativa y donde se multiplican los intentos de aprisionar a las universidades mediante una nueva serie de controles gubernamentales y de mercado.

Está fuera de toda duda que una reforma radical era necesaria en todos esos campos. El caos, ineficiencia, clientelismo, mercantilización, falta de sentido de responsabilidad en muchos campos de la educación superior y un olvido estructural del Estado hacia la universidad pública en las décadas anteriores era unánimemente percibido como inaceptable aunque existía una gran heterogeneidad y muchos logros importantes que en la actualidad muchas veces se pasan por alto. No obstante, en cada uno de esos temas centrales, en donde había un clamor social por el cambio, las herramientas escogidas y la orientación señalada por el gobierno fallaron al objetivo y erraron en la dirección deseable (ver Anexo Diagnóstico).

La consecuencia ha sido el perfilamiento de un sistema de educación superior más dependiente, sometido a lógicas empresariales, sumisas y atomizadas. En ese marco, y dado el inicio de un nuevo período de gobierno, se vuelve urgente proponer un conjunto de lineamientos que aprovechen las importantes inversiones e institucionalidad del sistema universitario, mientras redirige sus transformaciones hacia el desarrollo de una universidad más pertinente, inclusiva y con la autonomía necesaria para cumplir su papel de formación y reflexión crítica para una sociedad más plural, participativa y justa.

Este documento debe entenderse como un llamado a un debate de más largo alcance basado en diagnósticos participativos y en estudios serios. En estos días vivimos un saludable proceso de debate centrados en las reformas a la LOES y en la reordenación de las políticas gubernamentales. Están en el tapete de la discusión nacional: el sistema de ingreso a las universidades; el reforzamiento de las carreras técnicas y tecnológicas; el rol de las cuatro universidades llamadas emblemáticas y una serie de negociaciones individuales con instituciones específicas. En ese marco, debemos recordar que los reglamentos y las normativas son, a fin de cuentas, la expresión un modelo de universidad y de país. Hay que discutir los modelos detrás de las herramientas; si la idea  misma de meritocracia no está detrás de la construcción de una sociedad desigual. Nuestro compromiso es debatir las políticas de educación superior en términos concretos y prácticos, pero sin perder el horizonte de la educación y la sociedad que queremos.

 

DOS CRITERIOS GENERALES

  • La pertinencia es la categoría central para orientar el trabajo universitario. Hay que identificar las capacidades y roles que cumplen las universidades; que no deben confundirse con las de las empresas. La pertinencia educativa no debe confundirse con la “productividad” de los profesionales sino que se refiere al aporte a la convivencia cívica, a la cohesión social, y al conjunto de los bienes públicos que proveen las universidades. Aportan al intercambio y la producción de conocimientos, no solo al desarrollo económico; contribuyen a la formación de ciudadanos, a la comprensión de los grandes problemas locales, nacionales y mundiales, al compromiso ético de los profesionales y a la discusión democrática con la sociedad y el Estado sobre la mejor organización de la sociedad. La pertinencia también implica reconocer, respetar e incorporar la pluralidad de las necesidades diferenciadas de los ecuatorianos, garantizando la interculturalidad y los principios éticos de las nacionalidades, pueblos y pobladores diversos del país.
  • El actual control gubernamental, administrativo, político y presupuestario repercute en la limitación de la autonomía académica. La nueva política pública para la educación superior debe basarse en el reconocimiento, respaldo y refuerzo de las comunidades universitarias diversas, en su capacidad para apoyar el desarrollo del país, su responsabilidad con la sociedad y su autonomía para tomar decisiones coherentes. El criterio básico de la autonomía no es que las universidades puedan, ilusoriamente, mantenerse independientes de las presiones de los mercados, del sistema político nacional o de la fuerza internacional de la globalización. Autonomía consiste en que las universidades puedan evaluar con la mayor libertad posible, en debate abierto y democrático, de acuerdo a su propio posicionamiento social, el conjunto de presiones a las que están sometidas y puedan decidir cómo afrontarlas, cómo responder ante ellas y cómo maniobrar entre esos diversos núcleos de poder que existen en nuestra sociedad para aumentar su capacidad de intervenir en ella y cumplir de mejor manera sus fines.

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Ecuador y su nueva ley de Educación

Vale la pena entender estas visiones, lo que uno no se explica es porque sistemáticamente ignoran a los sectores involucrados y cometen tantos errores e inconsistencias, de pronto el Programa Ser Personas debería haber sido el primero que la autoridades hubieran tomado en cuenta para el cambio de la educación…. A continuación el artículo:

Por Natalia Vidoz– 05 de noviembre de 2014

http://www.redestrategia.com/ecuador-y-su-nueva-ley-de-educacion.html

En Ecuador se está implementando una nueva Ley Orgánica de Educación Superior, en el marco de una profunda reforma educativa llevada a cabo por el gobierno de Rafael Correa, con la finalidad de elevar la calidad educativa que reciben los niños y jóvenes de este país.

Una característica única de la reforma educativa encarada es que tiene una mirada global, donde los mejores sistemas educativos del mundo han sido tomados de modelo. “Seamos globalizados para compararnos a los mejores… para aspirar a lo más alto: un sistema de educación superior que pueda estar entre los mejores del mundo”, señala el presidente ecuatoriano. Estos modelos, creadores de las mejores prácticas educativas, son los que indican el camino a seguir en pos de la calidad.

En este sentido, se ha hecho ingresar a Ecuador a las pruebas PISA, una serie de pruebas internacionales que califican el nivel educativo de los países.

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Los 8 males del profesor universitario: “es uno de los trabajos más tóxicos que existen”

Héctor G. Barnés

  07/07/2014 (05:00)

UNA INSTITUCIÓN FEUDAL CON REGLAS MEDIEVALES

Hasta hace relativamente poco, la de profesor universitario era una ocupación privilegiada. No sólo gozaba de una buena reputación entre todos los estamentos de la sociedad, sino que esta se correspondía con una gran influencia social y una remuneración acorde con el puesto. John Edward Masefield, poeta inglés, escribió que “hay pocas cosas terrenas más hermosas que la universidad: un lugar donde los que odian la ignorancia pueden luchar por el conocimiento, y donde quienes perciben la verdad pueden luchar para que otros la vean”.

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