La ley en la educación superior

http://www.eluniverso.com/opinion/2016/03/18/nota/5471349/ley-educacion-superior
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) ha cumplido cinco años y los voceros gubernamentales se desviven por presentar unos cuadros primorosos que probarían, supuestamente, los grandísimos beneficios que este cuerpo legal ha traído a las universidades y a la sociedad ecuatoriana. Pero la vivencia cotidiana de las instituciones de educación superior desmiente esa postura oficial muy poco autocrítica. En una reciente mesa redonda, Alfonso Espinosa, exrector de la Escuela Politécnica Nacional, contó que una ley mejorada fue necesaria para superar las debilidades del sistema anterior, entre ellas, el descontrol en la creación de universidades.

Para lograr una ley consensuada se dio un diálogo entre asambleístas, Gobierno y universidades. Incluso se redactó un proyecto de consenso con el esquema establecido por el delegado gubernamental, pero a la final el Ejecutivo lo vetó y, al margen de los acuerdos previos, sancionó la actual LOES que debe ser vista como resultado de una imposición. Espinosa apunta varios aciertos en esta ley: la exigencia de la evaluación y la acreditación; el señalar porcentajes mínimos de profesores de tiempo completo y al menos con título de maestría; la redefinición de la gratuidad (que se había distorsionado).

Pero también esta ley acarrea graves retrocesos: para empezar, la LOES contradice el artículo 353 de la Constitución que establece que dos organismos rigen el sistema universitario; en realidad, por encima del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) opera la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). La LOES eliminó la representación de las universidades en estos organismos, con consecuencias funestas para las universidades; en realidad, el CES y el Ceaaces se han convertido en brazos del Gobierno.

Según Espinosa, otro defecto es que las universidades privadas quedaron fuera del sistema de educación superior, pero estas han crecido con la vigencia de la ley, con la situación paradójica de que los estudiantes con mejor poder adquisitivo van a las universidades públicas, mientras que los estudiantes con menores ingresos van a las privadas. Otras limitaciones: las universidades ya no forman en el nivel de las tecnologías; la LOES incluye metas irreales: en 2012 al menos el 60% de los docentes universitarios debía trabajar de tiempo completo; en 2017, el 70% de los profesores principales debe tener doctorado.

María Mercedes Zerega, vicerrectora académica de la Universidad Casa Grande, cuestionó en ese foro la existencia de modelos únicos del buen educar que, en el fondo, no toman en cuenta las diferentes características de las instituciones de educación superior. No todo lo que se hizo en el pasado fue negativo, sostuvo. La riqueza de las universidades, para ella, radica justamente en su diversidad, y la LOES –que expresa la lógica de un capitalismo cognitivo– no reconoce las distintas dinámicas en la educación superior. Zerega definió la imposibilidad de establecer una sola regla para medir la calidad y llamó a repensar la integralidad de la educación media y la superior. (O)

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