Evolución de la educación superior en el Ecuador. La Revolución Educativa de la Universidad Ecuatoriana

Leonidas Augusto Pacheco Olea[1] y Rosa Pacheco Mendoza[2]

 

Fuente: Pacarina del Sur Pacarina del Sur. año 6, núm. 23, abril-junio 2015, es una publicación trimestral editada por Tirso Ricardo MelgaFuente: Pacarina del Sur – 

http://www.pacarinadelsur.com/home/amautas-y-horizontes/1128-evolucion-de-la-educacion-superior-en-el-ecuador-la-revolucion-educativa-de-la-universidad-ecuatoriana – Prohibida su reproducción sin citar el origen.

 

Resumen: La educación universitaria incide de forma trascendental en el desarrollo de los países y en el incremento de la calidad de vida de sus habitantes. Es uno de los medios culturales que permite a los ciudadanos convivir en un constante proceso de interacción con su entorno descubriendo y cultivando su personalidad e individualidad de tal forma que les permita cumplir sus objetivos y aspiraciones para llevar a la práctica sus proyectos de vida y sus anhelos individuales y comunitarios mediante el cultivo del espíritu, la moral, los valores y con objetivos “más recientes” como el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias, desarrollando criterios reflexivos y críticos para buscar soluciones a los problemas de la sociedad. En ese contexto el presente trabajo enfoca los principios fundamentales del sistema de educación superior ecuatoriano, su historicidad, factores que inciden en su calidad académica, su evolución y sus perspectivas.

Palabras clave: Academia, autonomía responsable, docencia, revolución educativa, categorización.Academia.

Introducción

Tras una década (1996 – 2006) de gran agitación social caracterizada por multitudinarias protestas de movimientos ciudadanos que reaccionaron contra los gobernantes de turno y sus grupos de poder que generó una gran inestabilidad política de graves consecuencias sociales y luego de que 7 presidentes ostentaran el poder en menos de 10 años, finalmente, el 15 de enero de 2007 el Dr. Rafael Correa Delgado gana la Presidencia de la República en “una sola vuelta” con su proyecto electoral denominado “Revolución Ciudadana”. Una de sus principales propuestas fue trabajar en la aprobación de una nueva Constitución Política y con ella la instauración un nuevo marco jurídico e institucional que normará la convivencia, derechos y deberes de los ecuatorianos.

La nueva Constitución de la República de Ecuador promulgada el 20 de octubre de 2008 determina que la educación superior es un sistema que responde al interés público sin fines de lucro y otorga al Estado la exclusividad en la acción, control y regulación de la educación superior sustentada en la herramienta de gestión e inversión pública denominada Plan Nacional para el Buen Vivir. Posteriormente, el 12 de octubre de 2012, la Asamblea Nacional pone en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) estructurando un sólido esquema regido por los principios de: Autonomía Responsable, Cogobierno, Igualdad de Oportunidades, Calidad, Pertinencia, Integralidad y Autodeterminación.

Parte relevante de este artículo es la observación de las situaciones problemáticas que se generan debido a ligereza y discrecionalidad de las legislaciones anteriores tales como la creación indiscriminada de universidades sin criterios de calidad indispensables para su funcionamiento. Así como el cierre de universidades por falta de calidad académica, sus causas, problemática social y el análisis de posibles soluciones emergentes y permanentes para superarlas.

Otro propósito del presente trabajo será el análisis de algunas nuevas políticas estatales en el ámbito de la educación superior, su estructura jerárquica,  nuevo enfoque de actividades académicas de investigación, gestión administrativa, vinculación con la comunidad y su incidencia en la actividad profesoral desde su perspectiva personal y social. Con la vigencia de esta nueva institucionalidad el Ecuador entra en una etapa de profundas reformas. En este contexto el presente trabajo intenta analizar de manera crítica tres aspectos destacables de la evolución de la universidad ecuatoriana como su evaluación y categorización, la práctica de la autonomía responsable y la carrera docente.

Con el fin de exponer los eventos con una mayor eficiencia he dividido mi planteamiento en dos segmentos: Antecedentes históricos de la Educación Superior en el Ecuador y La Revolución de la Educación Superior Ecuatoriana. En la segunda se aproximan tres aspectos importantes: La nueva Evaluación y Categorización, la Práctica de la Autonomía Responsable y la Carrera Docente. Al final del artículo se presentan algunas conclusiones sobre la temática propuesta en la investigación.

 

Antecedentes históricos de la Educación Superior en el Ecuador

Durante la época Colonial se produjo en el Ecuador un notable incremento de calidad en la educación que se desarrolló desde dos vertientes principales: una oligárquica cuyo fin era la preparación académica de quienes administraban las riquezas y posesiones de los colonialistas y otra cuyo principal objetivo era forzar a los nativos a adoptar las creencias religiosas de los conquistadores. Los programas de estudio eran una reproducción de los planes europeos con una fuerte tendencia enciclopedista con la  finalidad primordial de sostener el funcionamiento administrativo del caudillaje y subyugar a los indios basados en el concepto del “servicio a Dios” a través del empleo de la iglesia como medio de educación – evangelización.

En 1596, durante la época en que la educación e instrucción era una ocupación exclusiva de la iglesia, se creó en Quito la primera universidad ecuatoriana bautizada con el nombre de San Fulgencio, luego los jesuitas en 1622 fundaron la Universidad de San Gregorio cuya principal finalidad era la educación de los criollos. Uno de los adelantos más importantes durante la época de los jesuitas fue la llegada de la imprenta en 1755, instrumento de gran utilidad para generalizar sus creencias y prácticas educativas hasta la expulsión de esta  congregación religiosa en 1767. Su retirada del país significó un deterioro de la educación superior de la época.

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Imagen 1. Antigua puerta de la Universidad de San Gregorio Magno (actual Biblioteca Municipal de Quito).www.scielo.org.pe

Luego de la independencia de España en 1822, el claustro universitario ecuatoriano reconoció las nuevas autoridades del gobierno libre, hasta que en 1830, ya como República independiente, decidió que la Universidad Central continuara en funcionamiento. En 1869 se creó la Escuela Politécnica Nacional, en aquella época el más prestigioso centro de educación superior latinoamericano, cuyo propósito era la formación acorde a las necesidades prácticas y técnicas que se requerían para el desarrollo del país. Al mismo tiempo se crearon la Escuela de Artes y Oficios, el Conservatorio de Músicay también la Escuela de Bellas Artes.

En 1906, durante la segunda presidencia del Gral. Eloy Alfaro, se dictaminó la separación total del Estado y la Iglesia, la eliminación de la religión oficial del país, se declaró la educación como pública, laica y gratuita, además de que se aseguró la libertad de conciencia. Estas decisiones afectaron gravemente los intereses de ciertas élites y de grupos religiosos que pretendían ejercer permanente control sobre el pensamiento y los sentimientos de los ciudadanos a través del sistema educativo. A comienzos del siglo XX, con el advenimiento de la revolución industrial, en el Ecuador ocurren cambios que modifican la visión soñadora del hombre y la sociedad por una línea que procura la incorporación de los ciudadanos a la producción y el desarrollo social a través del estudio de las ciencias, la práctica y la investigación.

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Imagen 2. Fig. 2  Universidad Central de Quito – 1925 (hoy Centro Cultural Metropolitano).http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=817730

En 1938, durante el predominio de las doctrinas socialistas de los años 30 y 40, se expide en el Ecuador la Ley de Educación Superior que otorga a las universidades total autonomía y permite su independencia técnica y administrativa del Estado para ser consideradas un medio para lograr el desarrollo, modernización y solución a los problemas de la sociedad y que contiene, entre otros mandatos trascendentales para el país, la declaración de gratuidad para la educación pública en el Ecuador.

En 1990 se expidió el Reglamento especial donde se norma la educación Superior no universitaria. Se establecieron espacios para la creación y funcionamiento de Institutos Pedagógicos e  Institutos Técnicos Superiores que se encargarían de la instrucción y capacitación de los graduados de los colegios secundarios con la intención de facilitar una educación tecnológica no profesional que les permita incorporarse en un menor tiempo a las actividades productivas del mundo laboral.

En 1998, luego de un gran levantamiento popular, especialmente del sector indígena, se redactó una nueva Constitución Política que finalmente fue aprovechada por los políticos de tendencia neoliberal que, a través de una coalición de centro-derecha, dominaron la Asamblea Constituyente. El resultado fue la “constitucionalización” de la práctica privatizadora de los recursos del Estado, la precarización de los derechos laborales y el fin de la gratuidad de la educación superior que permitió a las universidades el cobro de aranceles por servicios educativos a los estudiantes.

La tendencia privatizadora sobreentendió la actividad universitaria como una oportunidad de negocios y se generaron barreras económicas que impidieron el acceso a la educación universitaria de los ciudadanos provenientes de los sectores más pobres de la población puesto que la universidades se convirtieron, en muchos casos, en negocios particulares con fines de lucro cristalizándose de esta manera la ruptura de la caracterización pública de la educación universitaria convirtiéndola en un negocio rentable en función del mercado que responde a una institucionalidad neo liberal desreguladora que no garantiza un desempeño eficaz puesto que solo responde ante sí misma y además no está articulada con los objetivos de un plan de desarrollo nacional. Esta tendencia privatizadora contaminó a la educación superior pública y disminuyó aún más  la posibilidad de que los jóvenes provenientes de los sectores más pobres de la comunidad puedan tener acceso a la universidad (ver Fig. 3). En este mismo año se crea el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) luego el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) organismo que regulará, coordinará y planificará el sistema universitario ecuatoriano.

Imagen 3. Personas que no asisten a la universidad por razones económicas.
Imagen 3. Personas que no asisten a la universidad por razones económicas.

Fuente: CES, 2013

Ya en el año 2002, luego de siglos de vida universitaria en el Ecuador, entra en funcionamiento Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) encargado de la evaluación interna y externa de las universidades y escuelas politécnicas del país y el control de los respectivos procesos de acreditación institucional de forma autónoma en coordinación con el CONESUP pero, en la práctica, fue evidente la sumisión del CONEA a este. Su actividad y sus resultados fueron muy cuestionados; generaron intensos debates en la comunidad puesto que este órgano académico de importancia trascendental estaba integrado en su mayoría por rectores universitarios en funciones o sus representantes, esto generó dudas sobre la independencia de sus decisiones puesto que quienes expedían resoluciones sobre el control eran los mismos controlados. Uno de los casos más evidentes de lo cuestionable de este proceso fue que el Rector y fundador de una universidad acusada por continuas denuncias, y posteriormente clausurada por fraude académico, era miembro principal del directorio del CONEA mientras se realizaban las investigaciones de las que salió bien librado pues ostentaba este cargo.

En esta época la Ley orgánica de Educación Superior (LOES)daba facilidades para la creación de nuevas Instituciones de Educación Superior (IES) especialmente en los requerimientos técnicos donde solo se exigía un informe del CONEA que ni siquiera debía ser favorable puesto que algunas veces fue desfavorable y de todos modos se crearon nuevas instituciones de educación superior (IES) utilizando influencias políticas sin ningún criterio de calidad; era suficiente coordinar ciertos intereses con un adecuado juego político para lograr la autorización y crear una nueva universidad. A finales del siglo XX hubo una ola de creación de universidades que se aprovechó de la ambigüedad y ligereza de la ley en este ámbito. Entre1998 y 2000 (menos de tres años) se fundaron 13 universidades privadas y 2 públicas. Hasta 2012 Ecuador contaba con 71 universidades, 45 de estas fueron fundadas durante los años 1992 a 2006 evidencia de un incremento del 273% en 14 años. De estas 45 universidades creadas, 35 eran privadas. De acuerdo con Ramírez (2010) la presión del mercado produjo una universidad elitista, la transformó en un negocio, reprodujo distinción de clases sociales. Igual que en el resto de la economía, se buscaba eliminar lo público, desregular el campo de la educación superior y privatizarlo.

Aprovechando la liviandad de los procedimientos de control en el proceso de creación de nuevas IES algunos parlamentarios terminaron sus periodos en el Congreso “consiguiendo” la fundación de alguna universidad para su reducto territorial logrando en muchas ocasiones ser nombrado Rector y hasta obtener títulos de cuarto nivel de la institución en la que figuraban como su creador y Rector.

Sin una ideología basada en la autorregulación, sin controles externos, la demagogia de algunos legisladores y el ansia de poder o de lucro de varios promotores de proyectos de universidad, el crecimiento de la oferta universitaria pudo haber tenido un fin menos funesto. Empero, aprovechando el contexto de crecimiento de la demanda, y sin discusión adecuada sobre su pertinencia o calidad, el antiguo Congreso Nacional se dedicó a la distribución de universidades como prebendas. (Long, 2013: 12)

A comienzos de la década de los 90 el CONESUP contrató a un grupo de profesionales para que realicen una evaluación del sistema universitario en sus ámbitos institucional, organizativo y académico. Éste fue el primer intento de diagnóstico sistematizado realizado hasta ese entonces y es así que, en el lapso de aproximadamente dos años, se presenta el informe final; mismo que permaneció archivado en las oficinas de la institución pues solo se dio a conocer, de forma muy escueta, una sinopsis del mismo que no fue suficiente para realizar un efectivo intento de cambio en las frágiles estructuras del sistema. Las principales debilidades detectadas se referían al menoscabo permanente de la excelencia académica, la inexistencia de un verdadero sistema articulado entre las IES y la falta de políticas de desarrollo del Sistema de Educación Superior (SES).

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación regido por el CONEA, de acuerdo a la antigua Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aprobada en 2000, realiza un trabajo inicial basándose en dos pilares básicos para este cometido: la evaluación externa y la autoevaluación. Una fuerte resistencia inicial, un escaso financiamiento y la ausencia de un marco reglamentario sólido impidieron el normal desarrollo del trabajo y dio como resultado la incapacidad del organismo para lograr una evaluación más cabal, la toma de los correctivos necesarios y una posible depuración del sistema.

La Constitución vigente en su disposición transitoria vigésima ordena que en el plazo de cinco años a partir de su promulgación en 2008 deban ser evaluadas todas las IES públicas y particulares, carreras, programas y posgrados. También señala que aquellas que no aprueben la evaluación serán excluidas del Sistema de Educación Superior. Además expidieron el Mandato Constituyente #14 donde se deroga la ley de creación de la Universidad Cooperativa de Colombia por haberse detectado continuas irregularidades e indicios de corrupción en la otorgación de títulos de grado y posgrado.

Como resultado de esta disposición transitoria el CONEA realizó un diagnóstico del sistema y controversialmente clasificó a las universidades en cinco grupos categorizándolos de acuerdo a su desempeño en categorías (A, B, C, D, E) en función de sus resultados respecto a los indicadores y parámetros de evaluación. Ubicó en categoría E a 26 Universidades y Escuelas Politécnicas cuyo trabajo fue notoriamente deficiente, entre otras razones, por no prestar las elementales condiciones que demandaba el funcionamiento normal de una universidad, por las precarias condiciones técnicas, ambientales y graves deficiencias académicas en la planta docente y de investigación. La recomendación de eliminar las 26 universidades del SES por diversos motivos nunca se llevó a efecto.

Imagen 4. Presidente Rafael Correa
Imagen 4. Presidente Rafael Correa

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La Revolución de la Educación Superior Ecuatoriana

Desde 1996 hasta 2006 el Ecuador vivió una década de turbulentos periodos de agitación política donde los movimientos sociales reaccionaron contra los gobiernos de turno dando como resultado que en ese mismo periodo se sucedieron en el poder siete presidentes, algunos interinos y otros derrocados por movilizaciones de ciudadanos descontentos por la actuación de los gobernantes. Sin embargo, el 15 de Enero de 2007 el Dr. Rafael Correa Delgado, luego de ganar las elecciones en una sola vuelta electoral con el 51.99% de la votación, asume la Presidencia de la República esgrimiendo como ideal de lucha un proyecto denominado “La Revolución Ciudadana” y cumple una de sus principales propuestas de campaña: Trabajar en la promulgación de una nueva Constitución a través de la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Montecristi, provincia de Manabí. “Esta transformación pasa por la esfera de la política, es decir por la disputa del poder. Sin lugar a dudas, se necesita de un proyecto político para transformar la sociedad, en donde resulta estratégico disputar el gobierno del Estado. No obstante, cualquier esfuerzo únicamente estatal será claramente insuficiente. Se requiere de una fuerza social organizada que asuma la disputa con sentido de transformación”. (Ramírez, 2013: 49)

n Octubre de 2008 entra en vigencia la nueva Carta Magna aprobada en votación popular por el 63% de los ecuatorianos donde se define a la universidad como un sistema que responde al interés público sin fines de lucro dando al Estado la exclusividad en la acción, control y regulación de la educación superior sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo ahora llamado, desde su promulgación en febrero de 2009, Plan Nacional para el Buen Vivir el cual es visto como una herramienta para llevar a cabo la gestión e inversión pública a través de estrategias y objetivos nacionales que permitan los cambios estructurales anhelados por los ecuatorianos. Desde esa época se aprecia un notable incremento en la inversión del Estado para la educación Superior (ver Fig. 5).

Imagen 5. Inversión del Estado ecuatoriano en educación superior.
Imagen 5. Inversión del Estado ecuatoriano en educación superior.

Fuente: CES, 2013

 

Luego de un largo proceso de debate y socialización del Proyecto de Ley donde se escucharon las opiniones y sugerencias de los representantes de los diferentes colectivos que integran el Sistema y a la sociedad en general, finalmente, el 12 de octubre de 2010 la Asamblea Nacional pone en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) diseñando un esquema institucional sólidamente estructurado que se rige por los principios de Autonomía Responsable, es decir, libertad para el trabajo académico pero con responsabilidad, rendición de cuentas, observancia de la normativa vigente con énfasis en la calidad. Se innovó el concepto tradicional de autonomía universitaria: Cogobierno que significa distribuir funciones y responsabilidades entre todos los sectores integrantes de la comunidad universitaria; Igualdad de Oportunidades, que se manifiesta en la total gratuidad de la educación, hasta el pregrado inclusive, pero condicionado a la responsabilidad académica de los estudiantes. Este principio también se refleja en las instituciones privadas; se permite el cobro de aranceles, pero con planes de becas o cobros diferenciados para los estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos económicos y excelente record académico, pero respetando la prohibición constitucional de que las universidades tengan fines de lucro; Calidad, cuyo propósito es lograr una óptima producción y transmisión de conocimientos a través de la evaluación y mejoramiento constante; Pertinencia, que conlleva un trabajo académico institucional acorde a la planificación estratégica del Estado y los grandes objetivos nacionales como el cambio de la matriz productiva y los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir; Integralidad que procura un acoplamiento entre los distintos niveles del sistema educativo ecuatoriano con la Educación Superior y Autodeterminación, que busca crear un escenario propicio para trabajar con independencia en la generación y divulgación de conocimientos respecto a los avances científicos globales y locales.

De acuerdo a la nueva normativa, el Sistema de Educación Superior está integrado en su estructura jerárquica más alta por tres instituciones: la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación (SENESCYT) que ejerce la rectoría de las políticas estatales para la educación superior; el Consejo de Educación Superior (CES) encargado de expedir las normas que regulan, sancionan irregularidades y aprueban la apertura de carreras universitarias y el Consejo de Evaluación, Acreditación, y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEAASES) encargada entre otras responsabilidades de la evaluación y acreditación de las instituciones de educación Superior y habilitación de graduados para ejercer su profesión. Dados los profundos cambios que se producen en el SES como parte del proyecto gubernamental denominado “La Revolución Educativa” y el gran número de acciones de diferentes ámbitos para lograr tal propósito y la trascendencia de los mismos sería difícil escoger en función a su relevancia cuales son los más importantes, sin embargo, en este trabajo abordaremos tres aspectos fundamentales: La nueva Evaluación y Categorización; la Autonomía Responsable y La Carrera Docente.

Imagen 6. Escuela Politécnica Nacional, Quito.
Imagen 6. Escuela Politécnica Nacional, Quito.

www.sinmiedosec.com

 

La nueva Evaluación y Categorización

El CONEA, de acuerdo a lo estipulado por la antigua LOES del año 2000, inicia un proceso de evaluación con limitados recursos económicos y escasa capacidad administrativa que además se caracterizó ante la opinión pública como una formalidad con un nivel de exigencia mínimo indispensable; este proceso fue visto por las IES como la gran oportunidad de legitimarse posicionándose como instituciones acreditadas dentro del sistema. Sin embargo, en la sociedad ecuatoriana se originaba un proceso de desconfianza en el régimen universitario y de menoscabo de su credibilidad sobre todo por la existencia de universidades sin ninguna calidad y en precarias condiciones de infraestructura, con escaso nivel académico de su planta docente y con graves signos de fraude académico y, en unos pocos casos, incluso se configuraban indicios de corrupción institucionalizada.

Cumpliendo la disposición de la nueva Constitución, el CEAASES en 2013 culminó el proceso de evaluación externa a todas las IES, esta vez con un procedimiento mucho más confiable, con acciones puntuales tales como: revisión de evidencias documentales, verificaciones in situ, informes, rectificaciones, apelaciones y audiencias. La evaluación institucional se efectúa sobre cinco criterios de evaluación como son: Academia, que esboza las condiciones de trabajo para el ejercicio de la docencia en sus diferentes criterios internos y externos; Eficiencia académica, que se refleja en la tasa de retención y eficiencia terminal de los estudiantes a lo largo de sus estudios; Investigación, para establecer el nivel alcanzado en la generación de conocimientos científicos; Organización que mide el nivel de interacción de la IES con la comunidad; Infraestructura, que mide las condiciones del entorno y las instalaciones donde se desarrollan las actividades académicas mediante un exhaustivo proceso de Acreditación que representa una certificación válida por cinco años otorgada por el CEAASES a todas las IES que superen los estándares de calidad requeridos. Este proceso es permanente y permite apreciar de manera lógica a través del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos el resultado final del trabajo del sistema universitario y se cumple tanto en las IES como en las distintas Facultades y Carreras que la conforman. Esta laboriosa actividad da como resultado una clasificación de las universidades en cuatro categorías A, B, C, D vigente hasta la actualidad.

El problema que se presenta en un ejercicio de evaluación como el presente consiste en que el objetivo central y las dimensiones que lo caracterizan no son claramente definidos. Es más, existe un alto nivel de ambigüedad en los criterios de evaluación, los mismos que pueden entrar en conflicto; una parte considerable de la información a ser procesada es información semántica y, por consiguiente, sujeta a amplios márgenes de discrecionalidad en su interpretación; y, la naturaleza misma del problema exige modificaciones en el curso de su exploración. (Villavicencio, 2013: 16).

Con los resultados de la evaluación previa donde se ubicó a 26 universidades en categoría E, se concluyó un largo proceso donde se llevaron a cabo audiencias, apelaciones y se concedió un tiempo prudencial para que las IES notificadas tengan la opción de rectificar procesos. Se decidió intervenir a tres universidades por graves deficiencias académicas y administrativas., De acuerdo a la LOES la intervención es una: “medida académica y administrativa de carácter cautelar y temporal, cuyo proceso debe corregir los problemas que atenten contra el normal funcionamiento de la Universidad”. Además se tomó la decisión de cerrar definitivamente a 14 universidades y escuelas politécnicas que no reunieron los requisitos mínimos de calidad requeridos para constituirse como instituciones de educación superior. Algunas de éstas no contaban con ningún profesor a tiempo completo en su planta docente, tampoco estaban amparados por un escalafón salarial, algunos eran tutores de hasta 600 estudiantes en trabajos degrado, prácticas profesionales y tesis. Muchas de ellas no tenían un sistema básico de selección de personal académico y en fin un catálogo de graves incorrecciones e inobservancias a la LOES lo que hizo tomar esa drástica decisión sin precedentes en la historia del país. En mayo de 2011, Salgado, durante su ponencia sobre la nueva institucionalidad de la educación Superior en el Ecuador, sostiene que desde su fundación hace un milenio la Universidad fundamenta su quehacer en la reciprocidad de relaciones entre los miembros de su comunidad, pues la ciencia se construye y las personas se forman en un ambiente en el que se comparte, sin ánimo de lucro, el aprendizaje y la generación de conocimiento.

En marzo de 2009 la Universidad Intercultural de las Naciones y Pueblos Indígenas Amawta y Wasipresentó en la Corte Constitucional una demanda en contra del CONESUP luego que éste ubicó a dicha universidad en la categoría “E” y dictaminó, en diciembre del mismo año, aceptar la acción y declarar el incumplimiento del demandado y dispuso que incorpore en y para todos sus actos jurídico-administrativos, que tengan relación con nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, principios con perspectiva intercultural, en aras de aplicar a cabalidad los derechos de estos pueblos.

En este contexto el CEAASES extendió el proceso de evaluación atendiendo el dictamen de la Corte Constitucional  y estableció requisitos mínimos de calidad tomando en consideración sus particularidades como IES intercultural y diseñó un modelo de evaluación institucional específico con especial cuidado en respetar sus derechos constitucionales y de transmisión de conocimientos ancestrales.

Luego de tomar en cuenta los deficientes resultados de la evaluación en las áreas Académica, Institucional, Soporte Pedagógico, Ámbitos de Aprendizaje y Resultados de Aprendizaje; el Pleno del CEAASES decidió Clausurar de manera permanente a la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasiy se convirtió en la décimo quinta Universidad ecuatoriana cerrada definitivamente por falta de calidad académica.

Nila Vigil en su ponencia: “El cierre de la Universidad Amawtay Wasi y el concepto neoliberal de calidad educativa” expresa:

Al hablar de estado plurinacional y de sociedad intercultural, se está reconociendo la diversidad cultural de un país. Aunque se echa en falta el papel que tendrían los conocimientos “no indígenas” en la creación de este nuevo estado”. El sistema universitario coadyuva en la construcción de un nuevo país, este empeño requiere la participación de toda la sociedad y en el caso de Ecuador donde la diversidad cultural es tan rica y compleja este propósito académico debe ser generado con un sentido de inclusión y equidad.

Una de las situaciones más problemáticas del proceso de cierre de las universidades por falta de calidad académica fue la crítica situación de los más de 40.000 estudiantes víctimas de una de las estafas más grandes de la historia, quizás el peor engaño social que aún está impune cuyo inmenso costo fue en gran parte asumido por el Estado a través del Plan de Contingencia que, entre otras cosas, procura que los estudiantes de último ciclo puedan culminar sus estudios en una de las universidades intervenidas por el Estado durante ese año, que continúen su carrera en una Facultad acreditada de otra IES y la creación de un programa especial de titulación para aquellos casos que así lo requieran (ver Fig. 7).

 PROCESO DE CIERRE DE UNIVERSIDADES POR FALTA DE CALIDAD ACADÉMICA

Imagen 7. Proceso de cierre de universidades por falta de calidad académica. Fuente: CES, 2013
Imagen 7. Proceso de cierre de universidades por falta de calidad académica. Fuente: CES, 2013

Inversión: 60 millones de dólares

Se realizó además una evaluación de competencias básicas de los estudiantes cuyos resultados fueron muy desalentadores mostrando graves deficiencias en la formación, conocimientos y destrezas adquiridas durante su carrera universitaria en aspectos fundamentales como la lectura comprensiva, el procesamiento de ideas principales en un texto, argumentación de temas, relaciones de causalidad y otras competencias básicas de un estudiante universitario. Más allá de la contribución logística al desarrollo de la institucionalidad del sistema, el CEAASES llevó a cabo una tarea relevante que afianzó la imagen de la evaluación y acreditación universitaria ante la opinión pública.

Esta etapa, a la que podríamos calificarla co­mo una etapa de depuración, abre las puertas para el inicio de un proceso más complejo que debe conducir a un proceso permanente de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Ya no se trata únicamente de una actividad de fiscalización y control para asegurar que las IES operen con licitud y legali­dad, al amparo de una garantía pública. Una evaluación limitada a un control de corte disciplinario nos estaría conduciendo a una cultura de obediencia, a una suerte de ‘policía académica’ que está muy lejos de la idea de aseguramien­to de la calidad (Villavicencio, 2012: 17)

 

CATEGORIZACIÓN DE UNIVERSIDADES ECUATORIANAS

Universidades Categoría A

1.- Escuela Politécnica Nacional

2.- Escuela Superior Politécnica del Litoral

3.- Universidad San Francisco de Quito

 

Universidades Categoría B

1.- Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

2.- Pontificia Universidad Católica del Ecuador

3.- Universidad Casa Grande

4.- Universidad Católica Santiago de Guayaquil

5.- Universidad Central del Ecuador

6.- Universidad de Cuenca

7.- Universidad del Azuay

8.- Universidad Estatal de Milagro

9.- Universidad Nacional de Loja

10.- Universidad Particular Internacional Sek

11.- Universidad Politécnica Salesiana

12.- Universidad Técnica de Ambato

13.- Universidad Técnica del Norte

14. – Universidad Técnica Estatal de Quevedo

15.- Universidad Técnica Particular de Loja

16.- Universidad Tecnológica empresarial de Guayaquil

17.- Universidad Tecnológica Equinoccial

18.- Universidad Tecnológica Indoamérica

19.- Universidad de los Dos Hemisferios

20.- Universidad Estatal Amazonía

21.- Universidad Iberoamericana del Ecuador

22.- Universidad Politécnica Estatal del Carchi

 

Universidades Categoría C

1.- Escuela Superior Politécnica agropecuaria de Manabí

2.- Universidad de Especialidades Turística

3.- Universidad de las Américas

4.- Universidad del Pacífico – Escuela de Negocios

5.- Universidad Estatal del Bolívar

6.- Universidad Internacional del Ecuador

7.- Universidad Laica Vicente Rocafuerte del Ecuador

8.- Universidad Metropolitana

9.- Universidad Nacional de Chimborazo

10.- Universidades de Especialidades Espíritu Santo

11.- Universidad Regional Autónoma de los Andes

12.- Universidad Técnica de Babahoyo

13.- Universidad Técnica de Cotopaxi

14.- Universidad Técnica de Israel

15.- Universidad Estatal península Santa Elena

16.- Universidad particular San Gregorio de Portoviejo

17.- Universidad Técnica de Manabí

18.- Universidad Tecnológica Ecotec

 

Universidades categoría D

1.- U. Agraria del Ecuador

2.- Universidad de Guayaquil                          (INTERVENIDA)

3.- Universidad Estatal del Sur de Manabí   (INTERVENIDA)

4.- Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

5. Universidad Técnica de Machala

6.- Universidad Técnica Luis Vargas Torres (INTERVENIDA)

7.- Universidad Católica de Cuenca

8.- Universidad de Otavalo

 

Categorización con oferta únicamente de posgrado

Categoría A

1. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

2. Universidad Andina Simón Bolívar

Categoría B

1. Instituto de Altos Estudios Nacionales

 

UNIVERSIDADES CERRADAS POR FALTA DE CALIDAD ACADÉMICA

  1. Universidad Politécnica Amazónica
  2. Universidad Politécnica Javeriana
  3. Universidad Autónoma de Quito (UNAQ)
  4. Universidad Cristiana Latinoamericana
  5. Universidad Intercontinental
  6. Universidad Alfredo Pérez Guerrero
  7. Universidad Panamericana de Cuenca
  8. Universidad Interamericana
  9. Universidad OG Mandino

10. Universidad Tecnológica América (UNITA)

11. Universidad Equatorialis

12. Universidad San Antonio de Machala

13. Universidad Serbio Tulio Moreno

14. Universidad Técnica José Peralta

15. Universidad Intercultural de las Naciones y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi

Imagen 8. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil.
Imagen 8. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil.

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Paralelamente al cierre definitivo de las 14 universidades por falta de calidad académica, en abril de 2012 el gobierno trabajó intensamente en la creación de 4 nuevas universidades de calidad internacional. En este contexto, el 11 de febrero de 2014, se inauguró en Guayaquil la Universidad Nacional de las Artes (UNIARTES) siendo la primera universidad  representativa del nuevo sistema de educación superior diseñado y puesto en funcionamiento por el gobierno del Dr. Rafael Correa. Posteriormente el 31 de marzo se inaugura la Universidad Yachay (conocimiento en lengua quechua) en Ucurquí a 100 Kilómetros de Quito en un campus llamado “ciudad del conocimiento” donde se desarrollarán actividades académicas y de investigación en  tres áreas fundamentales para el desarrollo del país: Técnico industrial; Científico Tecnológico y de Desarrollo Económico. También el 31 de marzo se inauguró la Universidad Nacional de Educación (UNAE) ubicada en Azogues, capital de la provincia del Cañar, cuya finalidad será la formación profesional de los nuevos docentes ecuatorianos. Finalmente en octubre de 2014 se inaugura la Universidad Regional Amazónica Ikiam (selva en lenguaje Shuar), ubicada en la provincia de Napo dentro de una de las áreas de mayor biodiversidad de la tierra y cuya finalidad primordial será la generación de conocimiento para el desarrollo de tecnologías para el uso responsable de los recursos de la amazonia con énfasis en la conservación de la biodiversidad.

 

La Práctica de la Autonomía Responsable

Los vertiginosos cambios producidos por el avance de la tecnología y la mundialización de la economía obligan a la universidad a simbolizar un ambiente capaz de reproducir estos fenómenos de la forma más cabal, evolucionando junto con la colectividad hacia la adecuada formación y preparación de los nuevos profesionales que trabajarán en este medio. Las IES deben trabajar acorde a esta súbita realidad en que nos encontramos estableciendo nuevas y mayores responsabilidades como la investigación y vinculación con la comunidad. Esta relación sociedad – universidad se manifiesta en un nuevo concepto: “la sociedad del conocimiento” propio de los países que poseen un alto desarrollo científico y tecnológico donde es menester la implantación de un sistema educativo que se actualice y evolucione de manera permanente en función de las cambiantes necesidades y exigencias de la sociedad.

Las IES deben desempeñar fielmente las responsabilidades que le asigna la colectividad. Para cumplir a cabalidad este cometido el Estado debe proporcionarles una serie de condiciones básicas entre las cuales destaca la Autonomía Universitaria, vista como el reconocimiento de la libertad de pensamiento, de expresión, discusión, de proponer ideas, de elegir sus autoridades, también la libertad de cátedra, incluso de su financiamiento con el fin de precautelar posibles coerciones por parte de los poderes imperantes. “La universidad puede ser autónoma frente a un tipo de poder y heterónoma frente a otro; puede ser autónoma frente al poder público estatal y, sin embargo ser heterónoma frente al poder de un grupo político, económico o mediático” (Arcos, C. 2010: 64).

A lo largo del tiempo se ha desarrollado una constante batalla por la autonomía universitaria, especialmente para lograr su separación del dominio del Estado y de la Iglesia sin embargo, en la actualidad, hay otros factores de dominación que debemos tomar en cuenta como la supremacía del capital y del mercado, además de la influencia los grupos de poder económico y su libertinaje mercantilista. Sin olvidar las graves distorsiones de la autonomía universitaria, como la ocurrida en 1991 donde se demostró, a través de la prensa, que bandas de delincuentes comunes tenían sus peligrosos escondrijos en los campus universitarios, resguardados por la inviolabilidad de sus predios aprovechándose de una malentendida autonomía universitaria

La Constitución de 1998 creó el CONESUP, institución que, ante la imposibilidad de lograr una autonomía individual de las IES, encarnó la representación de la autonomía del sistema a través de una instancia de regulación y control vinculante del conjunto, y configuró una autonomía doble: la universitaria y la de gobierno. El Consejo estuvo conformado por nueve integrantes con un control casi total de los rectores de las universidades o sus representantes y con una notoria ausencia de representación del Estado. Esta desproporción generó muchas dificultades: unas de las principales fue la ausencia de políticas educativas públicas, interrelación con los planes de desarrollo del estado y el conflicto de intereses por ser los mismos controlados quienes ejercen el control y dio como resultado una serie de problemas tales como la fundación de nuevas universidades sin los sustentos técnicos adecuados, la creación indiscriminada de carreras sin estudios que avalen su pertinencia ni enlazadas a los requerimientos del país. El arancelamiento de servicios educativos de la educación pública con los consecuentes obstáculos económicos para el ingreso de la población al sistema universitario.

En el documento final del Debate temático Autonomía, Responsabilidad Social y Libertad Académica, Guy Neave, Director de la Asociación Internacional de Universidades (AIU) resumió:

Los derechos confieren obligaciones. La libertad académica y la autonomía universitaria implican por naturaleza obligaciones para los académicos respecto de la excelencia y para la institución con respecto a la innovación y la promoción del conocimiento. La libertad académica y la autonomía universitaria se han considerado a menudo como una protección frente a las injerencias arbitrarias y están respaldadas por una ley formal o mediante el reconocimiento de las prácticas habituales de la comunidad académica por parte del Estado…

…Actualmente las nociones de rendición de cuentas y de “receptividad a los intereses externos” limitan cada vez más la libertad académica y la autonomía universitaria. A medida que se configura este nuevo contrato social entre la universidad y la sociedad, la noción de autonomía universitaria (pero no necesariamente la libertad académica) está sujeta a una condicionalidad creciente.

En la universidad ecuatoriana el término autonomía llegó a tener connotaciones cuasi sagradas y el solo cuestionamiento sobre su aplicabilidad, su impacto en la optimización y mejora de la eficiencia del sistema, se consideraba casi una herejía. Estas perspectivas provocaron la intransigencia de los actores del SES que de inmediato procuraron impedir el debate sobre este delicado tema. Esta neutralización de los intentos de iniciar alguna discusión analítica sobre la autonomía universitaria fue el arma de defensa más importante en resguardo de la libertad en muchos casos, pero también en algunos otros fue la excusa para no salir de la “zona de confort” y perder sus privilegios legitimados por legislaciones gubernamentales adaptadas a los intereses de grupos de poder neoliberales, a quienes se sometieron los gobiernos de turno que consideraban la educación superior tan solo una mercancía más. Minteguiagua, citada por Ramírez (2010) expresa: “al contrario de lo que se suele sostener, el sistema de educación superior no fue autónomo sino que estuvo regulado por y para intereses particulares con prácticas que distaron mucho de buscar el interés social.”

La actual constitución reconoce la total supremacía del estado de derecho y creó un nuevo marco jurídico que eliminó instituciones que permitieron la prevalencia de grupos privilegiados que soterradamente acomodaron todo un andamiaje privatizador neoliberal que promovía la liberalización y desregulación del sistema de educación superior  en beneficio de sus intereses económicos. Este nuevo orden constitucional consolidó el ordenamiento y la institucionalidad pública, la democracia participativa y la libertad pero con responsabilidad social. A diferencia de casos anteriores, esta vez, la educación superior se interpretó como un bien público interconectado a la producción y al Buen Vivir.

El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad: además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana. Responsabilidad social y rendición de cuentas. (Artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior).

Imagen 9. Universidad San Francisco de Quito.
Imagen 9. Universidad San Francisco de Quito.

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La Carrera Docente

En 1982 una de las principales responsabilidades del extinto CUNUEP era la promulgación del Escalafón Universitario y Politécnico que regulaba las escalas remunerativas, ascensos, estabilidad laboral entre otros aspectos relativos a resguardar los derechos de los docentes. Posteriormente, en 1988, la constitución plantea el establecimiento de un escalafón donde se consideren prioritariamente los méritos académicos, la capacitación profesional y los posgrados. De manera subsecuente, en el 2000 la LOES determinó que el CONESUP sea el ente encargado de aprobar los lineamientos del nuevo escalafón, pero, a pesar de todos estos intentos de sistematizar los procesos de carrera docente, éstos se llevaron a cabo de manera inadecuada como consecuencia de una cuestionada autonomía universitaria que incidió gravemente en el descenso de la calidad de las IES.

El libre acceso a la universidad sin mediar ningún examen de ingreso ni proceso de admisión, la “ley de tacha”, el “arrastre”, la segunda, tercera, cuarta matricula, en fin, el facilismo imperante dificultaba el desarrollo normal del trabajo y desmotivaba a profesores y estudiantes entorpeciendo las actividades académicas, la creación de ciencia y tecnología, la investigación y vinculación con la colectividad e impactó negativamente en el sentir de los ecuatorianos que miraban con recelo como decaía la imagen de la universidad ante la comunidad.

Conjuntamente a la estrategia neoliberal de “acomodar” la legislación en favor de la corporativización de los órganos de control y mercantilización de la educación superior el sistema universitario sufrió una suerte de liberalización y flexibilidad de la docencia que, al igual que en los demás áreas de actividad económica, produjo una precarización de los derechos laborales de los profesores universitarios, situación que se manifestó en exiguos sueldos, sobrecarga de trabajo, inestabilidad, no afiliación a la seguridad social, trabajo a destajo conocido como “hora dictada – hora pagada” y todas las maliciosas estrategias patronales, que podrían considerarse explotación laboral, produjeron un descenso en la calidad de vida de los docentes universitarios y sus familias. “… resulta de todo punto incongruente e injusto que prestaciones académicas tendencialmente idénticas reciban retribuciones absolutamente dispares, fruto en muchos casos tan solo de la improvisación de los equipos dirigentes de las instituciones de educación superior ante su débil proyecto institucional, académico e intelectual.” (Minteguiaga, 2013: 35)

El status promedio del docente universitario ecuatoriano, sobre todo en las universidades de “baja calificación”, y su imagen ante la sociedad se había depreciado notablemente. La actividad profesoral llegó a ser escasamente reconocida por diferentes razones, especialmente por las precarias condiciones laborales en que desarrollaba su trabajo.

…maestros mal remunerados por tanto sin estímulo profesional por tantos deficientes y sin calidad académica, por tanto sin reconocimiento social, por tanto sin posibilidad real de que esa sociedad luche junto a ellos por un salario profesional que dignifique la tarea que cumplen maestros y maestras para tener mayores estímulos profesionales que los vuelvan eficientes y con calidad académica para ser reconocidos con justicia y trabajar con amor. (Vallejo, 1994: 71)

En 2009 el informe del CONEA mostró que algunas IES no cumplen el mínimo de 30% de profesores con títulos de cuarto nivel como establecía la ley vigente en aquella época. Esto produjo un secuela inmediata: la propagación de ofertas para carreras con titulación de Diplomado, Especialistas y Maestrías, algunas de precaria calidad con una heterogénea variedad de mallas curriculares, programas de materias, nivel académico de la planta docente, requisitos de ingreso y egreso, cantidad de horas clase en diferentes universidades que ofrecían idéntica titulación. El mismo informe menciona también que en la totalidad de IES ecuatorianas trabajan menos de 500 doctores (aproximadamente un 3%) y encontró que 28 IES no tienen en sus nóminas ningún profesor con título de doctor.

En 2012 la evaluación realizada por el CEAASES muestra que las 25 universidades calificadas “E” tenían en promedio solamente un 16% de profesores a tiempo completo, por lo tanto el 84% era personal contratado a tiempo parcial. Este desequilibrio es un indicativo de la intención de solo completar la nómina docente con profesores por horas y sin planificación ni estructuración de un proyecto educativo y en condiciones desfavorables para desarrollar el trabajo académico. De forma similar en las universidades con calificación “E” se aprecia que sueldo mínimo es de $400 y el máximo de $2039 con un promedio de$893 con una carga de trabajo de 15 horas de clases a la semana. Estos datos muestran la inconsistencia de las cifras con respecto a la calidad: una sobrecarga de trabajo por un salario muy bajo.

Estas precarias condiciones de trabajo mejoraron sustancialmente desde octubre de 2012 luego de la promulgación del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, documento donde se regulan las actividades docentes y de investigación y vinculación con la colectividad y se estableces niveles y escalas salariales estandarizadas en función, sobre todo, de los méritos académicos de los docentes universitarios  tal como se aprecia en la Fig. 10.

Imagen 10. Salario promedio del profesor e investigador del sistema de educación superior. Fuente: CES, 2013
Imagen 10. Salario promedio del profesor e investigador del sistema de educación superior. Fuente: CES, 2013

 

Conclusiones

Con la promulgación de la actual constitución en 2008 se fundamentaron las bases jurídicas para el desarrollo del sistema universitario a través de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior, que robustece la dimensión pública del sistema universitario yla garantía de su estricto cumplimiento. La redefinición y restructuración de los organismos que ejercen la rectoría del sistema creó tres nuevos entes: la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Esta es una de las decisiones más importantes en este proceso cuya finalidad es la creación y ejecución de las políticas de Estado respecto a la educación superior y la construcción de una autonomía universitaria con responsabilidad, autosuficiencia respecto a la sociedad e independencia frente a los grupos de poder.

El principio de autonomía responsable se legitima en su integralidad tanto en el aspecto académico como el financiero, administrativo y orgánico. Sin embargo se ejerce acatando el principio de transparencia y fiscalización del patrimonio público y con una permanente rendición de cuentas. En lo académico se privilegia el principio de calidad fortaleciendo el sistema de evaluación y acreditación institucional independiente a través de organismos cuyos integrantes no están relacionados con las universidades sujetas a control.

En lo financiero se han efectuado avances importantes como la garantía de recursos para las IES mediante un fondo pre asignado en el presupuesto anual cuya distribución se efectúa ahora en función a criterios de calidad y no de cantidad como se lo hizo en el pasado. Estos criterios de calidad son aplicados en la evaluación y aquellas IES que no cumplan con los estándares, son suspendidas y en casos extremos son excluidas definitivamente del sistema. Como forma de asegurar una producción y desarrollo de conocimiento e investigación, el Estado debe destinar no menos del 5% de sus ingresos permanentes para la educación superior.

Se establece el principio de cogobierno para fortalecer la democracia participativa, alternabilidad y transparencia en la elección de las autoridades universitarias y los representantes de los diferentes colectivos (docentes, administrativos, trabajadores, estudiantes y graduados) estableciendo normas para su interrelación en el gobierno y la política interior de las IES.

Dando cumplimiento al principio de igualdad de oportunidades, se garantiza que los servicios educativos que prestan las IES públicas son gratuitos hasta el tercer nivel, pero supeditado a la responsabilidad académica de los estudiantes. En el caso de las IES privadas, estas pueden seguir cobrando tasas por servicios pero deben incorporar planes de becas, créditos u otros mecanismos de equidad social. Además se garantiza el ingreso, movilidad, permanencia y egreso en todas las IES públicas sin discriminaciones de ningún tipo siempre que haya aprobado el proceso de admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión del sistema de educación superior.

El principio de calidad se fortalece por las diversas acciones ejercidas para impulsar la creatividad y producción de conocimiento por medio de la evaluación permanente y la acreditación. Una novedad del sistema es la instauración del Examen Nacional de Estudiantes de Último Curso y el Examen de Habilitación para ejercer profesionalmente en las carreras de interés público.

Desde la promulgación de la LOES el Sistema de Educación Superior se articula al Sistema Nacional de Educación en cumplimiento del principio de integralidad dispuesto por la Constitución vigente. Del mismo modo, cumpliendo el principio de pertinencia, las actividades y funciones propias de la universidad están supeditadas a las necesidades de desarrollo del país y al Plan Nacional para el Buen Vivir. El principio de autodeterminación se sustancia con la expedición del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior que establece requisitos de ingreso, titularidad, promoción, autoridades y tipología de docencia  con el fin de producir conocimiento en un ambiente de libertad e independencia libre de imposiciones ideológicas, políticas ni religiosas.

 


Notas:

[1] Tecnólogo en Electricidad; Profesor Físico Matemático; Licenciado en Ciencias de la Educación; Diplomado Superior en Diseño Curricular por Competencias; Especialista en Gestión de Procesos Educativos; Magister en Docencia Superior; Egresado de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Doctorando de la Universidad de Zaragoza. Docente de la Universidad Estatal de Milagro. Contacto: leonidaspachecoolea@gmail.com

[2] Tecnóloga en Informática; Profesora en Informática; Licenciada en Ciencias de la Educación; Diplomada Superior en Diseño Curricular por Competencias; Especialista en Gestión de Procesos Educativos; Magister en Docencia Superior; Egresado de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente de la Universidad Estatal de Milagro. Contacto:silvirosi7417@hotmail.com

 

Bibliografía:

Arcos, C. (2010). “La autonomía como argumento político” en Ramírez, R. (Coord.), Transformar la universidad para transformar la sociedad, Quito: SEMPLADES, pp. 57-82.

Bastidas, C. (2013) (Coord.). Suspendida por falta de calidad. El cierre de catorce universidades en Ecuador, Quito: CEAASES.

MINTEGUIAGA, A., y C, Prieto (2013). Los actores del cambio en la reinvención de la universidad ecuatoriana. El papel estratégico del personal académico en la transformación de la educación superior en ecuador, Quito: IAEN.

Ramírez, R. (2010) (Coord.). Transformar la universidad para transformar la sociedad, Quito: SEMPLADES.

Ramírez, R. (2013). Tercera ola de transformación de la educación superior en Ecuador. Hacia la constitucionalización de la sociedad del buen vivir, Quito: SENESCYT.

Vallejo, R. (1994). Una utopía para el siglo XXI, Quito: Editorial Ecuador

Villavicencio, A. (2012). Evaluación y acreditación en tiempos de cambio; La política pública universitaria en cuestionamiento, Quito: IAEN.

Villavicencio, A. (2013). Mandato Constituyente No. 14. Modelo de evaluación de desempeño institucional de las instituciones de educación superior, Quito: CEAASES.

 

Cómo citar este artículo:PACHECO OLEA, Leonidas Augusto; PACHECO MENDOZA. Rosa, (2015) “Evolución de la educación superior en el Ecuador. La Revolución Educativa de la Universidad Ecuatoriana”, Pacarina del Sur [En línea], año 6, núm. 23, abril-junio, 2015. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Viernes, 3 de Julio de 2015.

Disponible en Internet: http://www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1128&catid=10&Itemid=15Fuente: Pacarina del Sur – http://www.pacarinadelsur.com/home/amautas-y-horizontes/1128-evolucion-de-la-educacion-superior-en-el-ecuador-la-revolucion-educativa-de-la-universidad-ecuatoriana – Prohibida su reproducción sin citar el origen.

 

 

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1 comentario

Archivado bajo Opinión

Una respuesta a “Evolución de la educación superior en el Ecuador. La Revolución Educativa de la Universidad Ecuatoriana

  1. David L Romero

    Trabajo evidentemente Gobiernista, se habla poco o nada de los verdaderos problemas que enfrenta la universidad ecuatoriana

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